A raíz de la próxima votación de la ley Sence, que se tramita con suma urgencia en Congreso, surge una profunda preocupación especialmente por los trabajadores de menores ingresos del país, ya que la medida los afecta directamente a ellos.
En primer lugar, el proyecto postula un copago del 20% a la capacitación, y pese a que el gobierno anunció que no se aplicará este impuesto a las pymes que facturen hasta en $1.558 millones (55.000 UF), lo anterior solo beneficiaría a un pequeño número de la masa laboral total que se capacita por Sence, que no supera el 9,2%.
Ese cobro, además, podría reducir hasta en 60% la capacitación en Chile en el corto plazo, impactando sectores como la construcción y la agricultura, que forman parte de las industrias que se verían más golpeadas por el desempleo en el contexto de incertidumbre actual. Acto seguido, la baja en este tipo de formación impactaría incluso a profesionales que desempeñan su labor en las áreas de capacitación al interior de las organizaciones, quienes podrían ver elevada su tasa de cesantía.
Las cifras anteriormente expuestas resultan alarmantes si agregamos que en el presente solo un 4,6% de los trabajadores se capacitan al año, dejando en evidencia una falta de efectividad en el sistema.
La nueva ley también propone que centros de formación técnica (CFT), institutos profesionales (IP) y universidades puedan dar cursos Sence.
Pero la pregunta clave en este proyecto es: ¿Podrán los CFT, IP y universidades "ponerles bototos" a sus profesores para asistir a las empresas, si en muchos casos han demostrado que a duras penas han entregado la educación de calidad que se comprometieron a dar a miles de jóvenes?
Otro punto importante a destacar es que el proyecto financiará con recursos del Estado las carreras técnicas y profesionales, lo que es utilizado por las grandes compañías para "premiar" a sus trabajadores. Lo anterior se transformó en una forma indirecta de "compensar económicamente" a mandos medios y administrativos que estudiaban por su cuenta, pero esas profesiones de alto costo absorben recursos escasos y que, en ocasiones, pueden dejar de lado las capacitaciones para operarios, jornaleros y temporeros.
De hecho, según datos entregados por Sence, los sectores que más se capacitan son los administrativos, con un 30%, la salud 16%, el comercio 14% y logística con un 8%. Siendo así, ¿qué sucede con la mano de obra del país?
Este escenario exige, al menos, un grado de reflexión con respecto a qué acciones tomará el gobierno con las más de cinco millones de trabajadores que, según la última encuesta del Mapa de la Vulnerabilidad del Programa Compromiso País, no han podido terminar sus estudios formales y no tendrán acceso para llegar a un IP, CFT o universidad.
Lo más grave es que no se mencione nada acerca del proyecto de ley de la modernización y flexibilización al mismo servicio, ni que se abran nuevas formas de capacitar que no sean presenciales o e-Learning. Actualmente, los evaluadores de nuevos cursos no tienen conexión en general con el mercado laboral, las empresas y las OTEC; que corresponden, finalmente, al mundo real.
Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-capacitacion-bien-transable/998639/
